Boletín de noticias destinado a
erosionar la consciencia

Barcelona, 10 de febrero de 2005

A los medios de comunicación y la opinión pública,

Ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre una futura querella del Ayuntamiento de Barcelona contra Norma Falconi, portavoz de la ARSC, esta Asamblea quiere manifestar:

Las declaraciones de nuestra portavoz no sólo reflejan el punto de vista de la Asamblea sino que están respaldadas por la incontestable realidad. El gobierno del Estado, por boca del delegado del Gobierno y el Ayuntamiento de Barcelona, no lo olvidemos, gobernado por el PSC, intentan ocultar a la opinión pública la realidad de un supuesto proceso de regularización y afloramiento de la economía sumergida que se está mostrando como un auténtico fraude y un grave engaño.

En este proceso de regularización no hay colas ni tampoco papeles. Los empresarios no hacen colas, las oficinas destinadas al efecto están vacías. No, los empresarios no parecen dispuestos a dar papeles a los inmigrantes, porque ya los tienen trabajando, explotándoles con salarios ilegales y jornadas inacabables.

La Administración se contradice en los requisitos un día tras otro, las embajadas se muestran insuficientes y al final es, como siempre, el inmigrante el que lo paga. No, el gobierno tampoco quiere dar papeles, si no es incomprensible los enrevesados trámites necesarios, los días de demora (certificados de censo que tardan 15 días), los altos costos que siempre paga el inmigrante (traducciones de certificados de penales a más de 30 € la hoja).

Es este proceso de regularización el que fomenta la existencia de mafias. La peor de todas, la mafia de venta de contratos, cuyo precio oscila entre los 6.000 y los 10.000 €. Una mafia a la que se apuntan numerosos empresarios que venden el contrato, que obligan a los trabajadores a pagarse su propia seguridad social, a pagar por trabajar. A esta mafia tampoco son ajenos los empresarios que despiden al inmigrante que simplemente les reclama un contrato, el cumplimiento de la Ley.

Sí, se venden contratos, certificados de censo y certificados de penales en las narices mismas de la Administración y sin que ésta haga nada por impedirlo como no hace nada por perseguir hoy, ya, de oficio, a los empresarios que contratan a sin papeles. No está en duda la honorabilidad de los funcionarios municipales ni consulares ni de la Administración central, la que si está en duda es la honorabilidad de este gobierno, que sabe que existe el empleo ilegal y se niega a perseguirlo. No sólo eso, de un gobierno que ha subcontratado y subcontrata las obras públicas a empresas que emplean a sin papeles.

Cínicamente este gobierno nos responde que no son tantas las denegaciones de renovación de permiso de residencia y trabajo y que estas personas pueden presentarse a la regularización en curso si poseen un contrato de trabajo. Pero nada dice de que personas con papeles son lanzadas a la ilegalidad simplemente porque se quedaron en el paro o su empresario se negó a mantenerles el contrato. Si nuestros datos son falsos, que se publiquen las listas de denegaciones, que se atienda a los recursos. Que se abra una investigación pública sobre la venta de contratos y certificados. Eso es simplemente lo que exigimos.

Si nos acusan de difamación, tendrán que demostrarlo, si dicen que mentimos, que lo prueben, porque lo que la realidad muestra cada día es que en este proceso de regularización sólo se podrá regularizar a una pequeña minoría y la gran mayoría del millón largo de personas sin papeles que ya viven y trabajan en España seguirán condenados a la invisibilidad y la exclusión social.

Por nuestra parte, y mientras tanto, seguiremos reclamando, junto con los y las inmigrantes, los papeles y los derechos para todos y todas, la igualdad y la no discriminación.