El estado español tortura
La práctica de torturas en el estado español ha quedado patente en las últimas semanas a partir de varias sentencias e informes emitidos por diferentes organismos internacionales como el Tribunal Internacional de Derechos Humanos, Naciones Unidas o Amnistía Internacional. El hecho de que estas informaciones lleguen de la mano de organizaciones de ámbito mundial y, en consecuencia, neutrales da un punto de credibilidad a las denuncias que debería alertarnos sobre la trascendencia del problema.
El Tribunal Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo ha hecho pública la sentencia del juicio hecho el 18 de noviembre de 2003 contra el estado español, por la denominada «Operación Garzón»: el caso de las torturas infligidas por la guardia civil a 13 personas vinculadas al independentismo catalán en el verano del 1992, cuando Baltasar Garzón era el juez instructor de la Audiencia Nacional. El Tribunal ha condenado a España por no investigar las denuncias de torturas hechas por los independentistas, pero no condena las torturas y los malos tratos sufridos. Establece que no puede acreditar los maltratos y las torturas por «falta de pruebas» porque pasó hace demasiado tiempo. El Tribunal obliga al estado español a indemnizar por daños morales con 8.000 euros a cada uno de los 15 denunciantes (120.000 euros) y a pagar los gastos del proceso (12.009 euros).
El relator especial para la Tortura de la ONU, Theo van Boven, presentó su informe anual en la III Comisión de la Asamblea General en Ginebra, que se encarga de asuntos sociales, humanitarios y culturales. Después de haberse reunido con diferentes funcionarios del gobierno, representantes de la sociedad civil y supuestas víctimas de la tortura y sus familiares; indicó que «la tortura y los maltratos no son prácticas sistemáticas en el estado español, pero el sistema actual permite que se produzcan casos, particularmente de personas detenidas en régimen de incomunicación por su presunta relación con el terrorismo». Tras reconocer que el estado español no es el único país de Europa dónde se producen este tipo de incidentes, el jurista alertó que la lucha contra el terrorismo a nivel mundial «está erosionando la prohibición de la tortura, la crueldad y la degradación humana y el castigo como una norma imperativa del derecho internacional». Van Boven, conocido por su defensa de las víctimas de las dictaduras militares en Latinoamérica, aprovechó la ocasión por anunciar que dimitía de su cargo, tras treinta años dedicados a la protección de los derechos humanos.
El viernes 3 de diciembre Amnistía Internacional hizo público un grave informe que observa el periodo de 1980 al 2004 y en el que denuncia que el estado español permite con impunidad las torturas cometidas por las fuerzas de seguridad y no concede indemnizaciones a las víctimas. El documento, que trae por título «Acabar con la doble injusticia», analiza 450 sentencias y, de ellas, especialmente 95 en las que «se probó la comisión de torturas o maltratos». El organismo, que no analiza todas las denuncias por torturas sino únicamente las que fueron aceptadas a trámite por los tribunales, también señala que los diferentes gobiernos del estado siempre han negado la comisión de torturas y la impunidad de que disfrutan los funcionarios responsables de violaciones de los derechos humanos. Una de las conclusiones más preocupantes del informe es que en los casos en qué se demostró y probó la práctica de torturas y se dictaron condenas a los responsables estos fueron finalmente absueltos por prescripción del delito, porque no se identificó a los autores directos o por indulto judicial o político de los condenados. Según AI, la tortura «no es sistemática» en el estado español. Aun así considera que la mayoría de las denuncias son «creíbles» y «frecuentes», especialmente en asuntos relativos a la lucha contra el terrorismo y en casos de detención de personas inmigradas, en los que considera que hay una claro «componente racista». AI recomienda medidas urgentes en la legislación antiterrorista puesto que la mayoría de casos se cometieron durante el periodo de incomunicación permitido por la ley, que actualmente (última reforma del PP) contempla hasta 12 días sin derecho a un abogado o a una llamada de teléfono.
El informe deja claro que la situación de los derechos humanos en el estado español dista mucho ser óptima y que sólo una clara voluntad política puede acabar con estas prácticas. Conclusión que indirectamente reconoce la existencia de un sistema sólido de tortura en el estado y, por lo tanto, una responsabilidad directa de los poderes públicos en su práctica.
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