El PP inventa la "democracia totalitaria"
Tras el Consejo de Ministros celebrado
el viernes 28 de noviembre, el gobierno del PP anunció
que se habían introducido nuevas modificaciones en la
reforma del código penal, una de las cuales destacaba
por su carácter antidemocrático: tipificar como delito
la convocatoria de referéndums o consultas populares.
Esta polémica decisión ha sido tomada
como respuesta al proyecto de reforma del Estatuto Vasco,
también conocido como "Plan Ibarretxe", que prevé
realizar una consulta popular para conocer el grado
de apoyo que el pueblo vasco da a dicha propuesta. El
Gobierno Central, que ve el "Plan Ibarretxe" como una
amenaza a la unidad del estado, trata de boicotearlo
desde todos los frentes posibles y no cesa de tomar
medidas drásticas aprovechando que disfrutan de mayoría
absoluta. No parece importarles que algunas de estas
medidas atenten contra los derechos básicos del individuo
y de la sociedad, en este caso, la reforma del código
penal es un ataque directo contra la esencia de la democracia
y contra la soberanía popular.
Ignoro si el proyecto de reforma del Estatuto que ha diseñado el Gobierno Vasco prosperará o no, lo que sí se puede afirmar es que está desquiciando a los dirigentes del Partido Popular que, dotados de libertad para hacer o deshacer, son más peligrosos que un mono con una escopeta.
Lo más importante en un sistema democrático
es la voluntad de los ciudadanos, precisamente por eso
se cuestiona permanentemente la validez del sistema
actual, por la poca participación de la sociedad en
la vida política y la falta de medios para la autogestión.
Por definición, la democracia sería un sistema en el
que el pueblo gobierna, y entiendo que eso comporta
la toma de decisiones y la ejecución de las mismas.
Ahora solo se nos permite elegir quien queremos que
decida por nosotros durante los próximos cuatro años,
no se atienden debidamente las recogidas de firmas ni
se presta atención a las manifestaciones ni se nos convoca
nunca para referéndums: a los políticos no les
interesa conocer nuestra opinión.
Por si esto fuera poco, ahora el PP refuerza sus comportamientos totalitarios castigando con penas de tres a cinco años de prisión "a la autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, convoque o autorice la convocatoria de elecciones o consultas populares por vía de referéndum". De esta manera, el Gobierno Central confisca la potestad de "escuchar" a los ciudadanos y recorta, aún más si cabe, las vías de participación.
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