La inmigración en un pozo sin fondo
La llegada de inmigrantes al estado español
ha experimentado un fuerte aumento en los últimos dos años.
Hace solo una década, la presencia de extranjeros era escasa
y resultaba un fenómeno casi pintoresco, en cambio, hoy en
día es difícil salir a la calle y no cruzarse con personas
de diferentes razas.
Este cambio en las estructuras de nuestra sociedad
ha revelado una falta de sensibilidad en la población española
hacia estos nuevos grupos sociales. El poso dejado por los
casi cuarenta años de dictadura ha impulsado una reacción
general de rechazo a los nuevos ciudadanos, que son tratados
con desconfianza.
La legislatura actual, con mayoría absoluta
de un partido conservador, ha trazado un complicado camino
para todo extranjero que pretende quedarse en el estado español.
Conocida es la Ley de Extranjería que el Partido Popular promulgó
en 2000 y que en su momento generó notable controversia. Durante
todo el año 2002 se ha mantenido cerrado el régimen general
para la regularización de inmigrantes, y en la actualidad
no se admiten nuevas solicitudes ni siquiera mediante una
oferta de trabajo, tan solo se contemplan casos excepcionales.
Tal vez la situación más incompresible y vergonzosa
la sufren las personas pertenecientes a otros estados de la
Unión Europea, puesto que no gozan de privilegios que agilicen
apropiadamente su regularización. En la práctica, y a pesar
de que las normativas europeas garantizan la libre circulación
de trabajadores entre los estados miembros, un ciudadano comunitario
debe esperar por un plazo de dos meses para obtener su permiso
de trabajo y residencia. En otros estados es suficiente una
mañana para tramitar semejante documento.
Las trabas legales para la entrada de inmigrantes
extracomunitarios son numerosas, no obstante, ellos continúan
llegando al estado español y, una vez aquí, intentan trabajar.
Por un lado se ven expuestos a la explotación y precariedad
laboral, por otro lado crean un desequilibrio del sistema
económico capitalista debido a dos razones:
1. Los que consiguen un empleo se ven forzados
a trabajar sin contrato, en consecuencia no pagan impuestos
ni cotizan a la Seguridad Social, lo cual perjudica al trabajador
y a la administración pública, y solo beneficia al empresario.
2. Los que no consiguen trabajo se quedan rápidamente
sin recursos para subsistir y, debido a su situación de riesgo,
los servicios sociales deben hacerse cargo de ellos y por
consiguiente el estado acaba pagando su manutención con nuestros
impuestos. Asimismo, existe el peligro de que se vean abocados
a la delincuencia.
Nos quieren hacer creer que los inmigrantes
vienen a restar empleo, cuando la presencia de más trabajadores
y consumidores no hace otra cosa que estimular la actividad
económica y generar más empleo. He aquí otro ejemplo de las
contradicciones del sistema, el resultado es el auge de la
economía sumergida y la formación de bolsas de precariedad
y pobreza, mientras que si todas estas personas pudiesen trabajar
legalmente contribuirían al enriquecimiento de las arcas del
gobierno.
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